El ejecutivo de López Miras oculta el detalle de en qué gastaron ese dinero según han confirmado fuentes de la Consejería de Hacienda a LasNoticiasRM
La última semana del año 2022 fue frenética en los departamentos de compras de las distintas consejerías y organismos públicos del Gobierno regional como muestran los datos, sesgados e incompletos, que ha publicado el ejecutivo de López Miras en el Portal de Transparencia de la Región de Murcia.
En los últimos siete días del año 2022, desde el 24 de diciembre hasta el 31 de diciembre, el Gobierno regional y sus organismos autónomos formalizaron 2202 contratos menores por valor de 9.801.910,34 €.
Con estos datos obtenemos una media diaria de 314,5 contratos menores, lo que es de todo menos habitual o normal en la administración regional.
Solo el 30 de diciembre el ejecutivo de López Miras formalizó 666 contratos menores por valor de 2.950.561,50 €. Ese día los funcionarios destinados en los departamentos de compras de las distintas consejerías tuvieron que acabar exhaustos para poder llevar a cabo semejante volumen de contratación.
López Miras oculta el detalle de los contratos menores
Tal como informamos en LasNoticiasRM el pasado 19 de enero, el ejecutivo de Fernando López Miras lleva desde el pasado 15 de diciembre de 2022 sin remitir la información de los contratos menores a la Plataforma de Contratación del Sector Público.
La novedad en este asunto es que, según ha podido confirmar LasNoticiasRM de fuentes totalmente confiables de la Consejería de Hacienda, la no publicación de estos datos, tal como se venía haciendo hasta la fecha, no se debe a ningún problema técnico que impida el envío de la información a la Plataforma de Contratación del Sector Público.
Por lo que todo hace indicar que la no publicación de esta información pudiera ser debido a una orden o instrucción de altos cargos del Gobierno regional.
Esta decisión no incumpliría, de momento, la legislación vigente dado que la obligación de publicación de estos contratos es de al menos una vez cada tres meses.
Para intentar maquillar la situación, el ejecutivo regional comenzó a publicar en el Portal de la Transparencia de la Región de Murcia los contratos menores realizados pero de manera sesgada e incompleta, dado que no da acceso al detalle de cada contrato y por tanto no se puede conocer el concepto de cada uno de ellos.
Esta nueva estrategia de ocultación de información pública vuelve a poner de relieve el vacío de control que existe a la hora de poder saber en qué gasta el dinero el Gobierno regional, además de limitar en gran medida la capacidad de cualquier ciudadano de saber en que se invierten sus impuestos.
Incumplimiento sistemático de la Ley de Transparencia
Si la ocultación voluntaria de información no fuera suficiente, además ha coartado la capacidad de los ciudadanos para solicitar información a través del derecho de acceso a información pública, dado que se están dilatando las respuestas mucho más allá del límite legal.
Un ejemplo de esta dilación indebida es la contestación que ha recibido un ciudadano hace unos días a una solicitud de información pública formulada en marzo del año 2022, a la que ha tenido acceso LasNoticiasRM.
La solicitud de información está fechada el 18 de marzo de 2022, y el Gobierno regional contestó hace apenas diez días, pese a estar generada la respuesta el pasado 24 de enero de 2023, según marca la firma digital del documento y que pueden revisar debajo de estas líneas.
Debemos recordar que la Ley 12/2014, de 16 de diciembre, de Transparencia y Participación Ciudadana de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia en su artículo 26, punto 1, obliga al Gobierno regional a contestar en un plazo de “veinte días, ampliable a otros veinte días en los casos previstos en el artículo 20.1 de la Ley 19/2013”, algo que se incumple de manera sistemática.
Además, en muchos casos directamente están dejando de contestar las solicitudes de información sin remitir a los solicitantes la necesaria y obligatoria resolución, debidamente justificada, que informe de la inadmisión de la petición realizada según se indica en el artículo 26, punto 4 de la Ley 12/2014, de 16 de diciembre, de Transparencia y Participación Ciudadana de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia.
Por poner algún ejemplo, la Consejería de Antonio Luengo lleva más de cinco meses sin contestar solicitudes de información que ellos consideran que pueden serles perjudiciales o que pudieran levantar alguna suspicacia ocultando, por ejemplo, multitud de informes técnicos, pagados con dinero público, sobre el Mar Menor, algunos de ellos que podrían contradecir las tesis del Gobierno regional sobre el estado de la laguna salada.
