El Gobierno regional tenía que contratar personal para rebajar la lista de espera y disminuirla por debajo de las 4.000 personas en 2021 pero a 31 de diciembre de ese año habían 6.649 solicitantes pendientes y tampoco contrató para la reducción de los tiempos de resolución de las solicitudes
El caos y descontrol del ejecutivo de la Región de Murcia, que dirige Fernando López Miras, en lo referido a la gestión de la Dependencia en nuestra comunidad autónoma podría verse agravado si finalmente el Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030 exige devolver los 8,15 millones de euros que envió al Gobierno regional en 2021.
En resolución del 19 de octubre de 2021, del Instituto de Mayores y Servicios Sociales, era publicado el Convenio con el Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030 y la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, para el desarrollo del marco de cooperación interadministrativa previsto en la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las Personas en situación de dependencia y para el establecimiento y financiación del nivel de protección acordado para el ejercicio 2021.
En él, el Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030 ponía a disposición de la Región de Murcia 8.149.961,50 euros para destinarlos a financiar, mediante el establecimiento de una cantidad específica, los gastos de inversión y funcionamiento del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia (SAAD), singularmente los dirigidos a la implementación de las medidas contenidas en el Plan de choque acordado por el Consejo Territorial del SAAD.
Concretamente se trataba de disminuir la lista de espera y mejorar de la agilidad administrativa; mejorar la calidad de los servicios y de las condiciones laborales de las personas que trabajan en el SAAD y mejorar las intensidades de los servicios y prestaciones.
En el citado convenio, la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia se comprometía a aportar 8.943.263,71 euros, de los cuales 1.449.698,72 los destinaría al Capítulo I, 2.321.730,18 euros al Capítulo II, 5.116.942,12 euros al Capítulo IV y 54.892,69 euros al Capítulo VI.
3 objetivos, 7 acciones, al menos dos incumplidas
El convenio marcaba el cumplimiento de 3 objetivos consistentes en la disminución de la lista de espera, la mejora de la calidad de los servicios y las condiciones laborales de las personas que trabajan en el SAAD y la introducción de mejoras en los servicios y prestaciones para garantizar la atención adecuada de las personas dependientes, preferiblemente mediante servicios profesionales de calidad.
A su vez, para alcanzar cada objetivo, estos disponían de acciones concretas a ejecutar y es aquí donde el Gobierno de la Región de Murcia incumplió o no llegó a los hitos marcados en el convenio.
No se rebajó la lista de espera
El primer objetivo del convenio tenía como objeto el rebajar la lista de espera de dependencia, para ello la acción número 1 indicaba que había que incrementar el número de valoradores hasta un total de 25 hasta el 31 de diciembre de 2021 para “reducir los solicitantes de valoración de la dependencia pendientes de asignación de cita de Valoración de 6674 a 4000 o bien de 10 meses de espera a 7 meses” pero según los datos oficiales a 31 de diciembre de 2021 había 6.649 solicitantes en espera de resolver su solicitud, tan solo 25 menos de las existentes a la firma del convenio cuando el objetivo era rebajarlo en 2.650.
En un informe interno al que ha tenido acceso LasNoticiasRM realizado en la Dirección General de Pensiones, Valoración Programa de Inclusión, dependiente de la por entonces Consejería de Política Social, Familias e Igualdad, dirigida por Isabel Franco se afirma que “se contrataron 10 valoradores por un importe total de 69.109,84 euros”.
“Existiendo una plantilla de 15 valoradores de carácter permanente, se trató de contratar a 10 más para cumplir dicho objetivo, lo que se llevó a cabo mediante llamamientos sucesivos efectuados por la Dirección General de Función Pública, demorándose, en algunos de los casos, debido a la solicitud compatibilidad de alguno de los aspirantes llamados según el orden en que se encontraban en la correspondiente lista de personal interino del cuerpo y opción en cuestión”, se afirma en el documento.
Pese a ello, la lista de espera ni se rebajó hasta las 4.000 solicitudes pendientes ni la espera de respuesta a los solicitantes bajó de 10 a 7 meses.
El informe al que ha tenido acceso LasNoticiasRM está firmado por Ascensión Romero, subdirectora general de personas mayores; Salvadora Titos, Subdirectora General de Personas con Discapacidad; y M. Reyes Sánchez, Subdirectora General de Pensiones, Valoración y Programas de Inclusión.
López Miras no contrató personal adicional
La acción número tres que marcaba el primer objetivo era la “contratación de personal adicional para gestión de listas de espera de los servicios de atención residencial, centro de día, ayuda a domicilio y teleasistencia”.
Esta acción iba dirigida a la “Reducción de los tiempos de resolución de las solicitudes y de la lista de espera”, uno de los pilares fundamentales alrededor del que giraba el convenio firmado entre el Gobierno de España y el Gobierno regional.
Sin embargo, el informe de la Dirección General de Pensiones, Valoración Programa de Inclusión afirma que no se pudieron llevar a cabo las contrataciones marcadas porque “en el presupuesto de la Dirección General de Personas Mayores no se contaba con dotación en Capítulo 1 para financiar dicha actuación anticipadamente”.
Esta justificación choca de frente con los compromisos asumidos por el Gobierno regional, dado que se comprometieron por escrito a destinar 1.449.698,72 al Capítulo 1, donde deberían haber estado contemplados los fondos para este refuerzo de personal, tan necesario para rebajar las listas de espera.
El ministerio “vigila el cumplimiento de todos los convenios”
LasNoticiasRM se puso en contacto con el Instituto de Mayores y Servicios Sociales (IMSERSO) para conocer el alcance de estos incumplimientos, y aseguraron que “todos los convenios que están firmados con las comunidades autónomas son revisados para conocer su grado de cumplimiento”.
Además añadieron que las comunidades autónomas emiten certificados justificativos de las aportaciones recogidas en los convenios y “si hay algún incumplimiento se tomaran las medidas oportunas”.
La consejería no atiende las solicitudes de información de LasNoticiasRM
LasNoticiasRM remitió a la Consejería de Política Social, Familias e Igualdad y a la Dirección General de Pensiones, Valoración y Programas de Inclusión sendas solicitudes de información consultándoles acerca de estos posibles incumplimientos y el alcance de los mismos, pero a fecha de publicación de este artículo no se ha recibido respuesta alguna por la administración regional.
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