Denuncian ante la Fiscalía los contratos iniciados por el Ayuntamiento de San Javier para la defensa del 'Caso Aqualia'

El pasado 15 de abril La Asociación Preeminencia del Derecho, representada por el abogado José Luis Mazón, presentó una denuncia ante la Fiscalía Superior de la Región de Murcia contra los contratos propuestos por el Ayuntamiento de San Javier, uno menor ya adjudicado y una licitación en proceso de adjudicación, por considerar que existe un “fraccionamiento de contrato de defensa jurídica”.

Denuncian ante la Fiscalía los contratos iniciados por el Ayuntamiento de San Javier para la defensa del 'Caso Aqualia'
Denuncia presentada ante la Fiscalía

Según la denuncia, a la que ha tenido acceso en exclusiva LasNoticiasRM, “el ayuntamiento de San Javier ha utilizado el fraccionamiento del expediente en contratos menores” afirmando que el contrato es “una trampa, puesto que el contrato ha sido dividido en dos partes, la primera parte para que la cantidad sea inferior a 18.000 euros para poder acceder a esa adjudicación y la otra parte el resto de la cantidad demandada y resto al pleito”.

“Los datos han sido publicados en la Plataforma de contratación del Sector Público, en el que se ve el presupuesto base de licitación sin impuestos que asciende a 190.000.00 euros” se explica en la denuncia, que adjunta un extracto de la información publicada por LasNoticiasRM el pasado 9 de abril donde se informaba de la publicación de la licitación y las sospechosas condiciones de la misma.

Mazón asegura en el escrito dirigido a la Fiscalía que “el caso relatado es aplicable a la situación actual que estamos denunciando puesto que a través de un contrato menor se ha garantizado el ayuntamiento de otorgar el contrato al letrado, haciendo dos contratos separados uno para que lleve el recurso y otro la demanda“.

El denunciante hace especial énfasis en el informe realizado por el Ayuntamiento de San Javier para declarar la licitación sin división en lotes pese a que “la NO división en lotes es justamente lo que no han hecho, faltando en primer lugar a lo pactado, ya que finalmente han fraccionado el trabajo del abogado todo con el objetivo de evitar los trámites legales que lleva adjudicar un contrato público”.

“Dados los hechos anteriormente relatados, queda claro que el ayuntamiento de San Javier comete un delito de libro al efectuar una licitación burlando todas las normas legales para darle el encargo de 160 mil euros a un abogado de la familia del PP, el partido en el gobierno”, continúa Mazón en su denuncia.

Y finalmente pide a la Fiscalía que abra “caso penal contra esta burda y delictiva práctica donde el abogado es el extrañeus de la prevaricación, se han concertado para dárselo a él y posiblemente con alguna comisión clandestina en favor de un tercero cuál novio de la Ayuso” en base a la comisión de un “posible delito de de prevaricación del art 404CP, por irregularidades en adjudicar el contrato público, por fraccionamiento de contrato de defensa jurídica con foto robot del adjudicatario“.

El pasado viernes la Fiscalía General de la Región de Murcia informó al denunciante que el asunto se encontraba en la Fiscalía de Cartagena “por ser competente territorial”, por lo que más que previsiblemente se habrán abierto diligencias previas de investigación de los hechos denunciados.

El pasado viernes 5 de abril fue publicado en la Plataforma de Contratación del Sector Público el acuerdo de iniciación del expediente de contratación para la Asistencia Letrada para Recurso Contencioso-Administrativo Expediente 1419/2022, más conocido como ‘caso Aqualia’.

San Javier saca a licitación por 229.900 euros el contrato para la defensa del caso Aqualia
Extracto publicación en la Plataforma de Contratación del Sector Público

Según se expone en dicho documento “El Ayuntamiento de San Javier tiene la obligación legal de ejercer las acciones necesarias para la defensa de sus bienes y derechos, siendo una de ellas la de interponer recurso contencioso-administrativo contra la Resolución 1596/2023 de 14 de diciembre de 2023, del Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales, ya que la anulación del acuerdo de adjudicación conlleva graves perjuicios para el municipio de San Javier”.

Asegura el consistorio ribereño que “la nueva concesión (anulada por tribunal de recursos contractuales) prevé importantes inversiones en las infraestructuras de abastecimiento de agua potable y de alcantarillado, necesarias para el municipio, así como la aportación de recursos económicos al Ayuntamiento y otras mejoras relevantes en la gestión del servicio. En este sentido, dada la importancia de los bienes en juego, el Ayuntamiento de San Javier debe asegurar la mejor defensa letrada posible en el asunto indicado”.

San Javier saca a licitación por 229.900 euros el contrato para la defensa del caso Aqualia
Extracto publicación en la Plataforma de Contratación del Sector Público

Dentro de los criterios de adjudicación encontramos alguno de ellos especialmente limitante como pueden ser los criterios 2 y 5, que puntúan con 2 puntos cada publicación especializada en materia de derecho público con un límite de 30 puntos para el criterio 2 y un punto por año de docencia como profesor de universidad impartiendo materias de Derecho Público con un límite de 20 puntos para el criterio 5.

Solo con estos dos criterios, el aspirante que los cumpliera podría reunir 50 puntos, la mitad del máximo de los 100 puntos totales que indica el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares (PCAP). Además, son criterios que solo podrían cumplir letrados con una dilatada carrera y que por si mismos no acreditan la valía profesional del candidato, puesto que el ser un profesional de prestigio no está ligado necesariamente a la impartición de clases en universidades ni a la publicación de libros.

Analizado el currículum de Salvador Pérez Alcaraz, letrado al que le fue encargado el interponer el recurso y solicitar la medida cautelar, publicado en la página web del Consejo Jurídico de la Región de Murcia (CJRM), encontramos sorprendentes coincidencias con los requisitos marcados en la licitación.

La licitación para la defensa del caso Aqualia contiene requisitos que "hacen pensar que pudiera estar dirigida"
Captura de la página web del CJRM

Según la información publicada, Salvador Pérez es abogado ejerciente desde 1990, por lo que tiene 34 años de ejercicio y es muy probable que tenga más de 200 pronunciamientos judiciales, dado que estaríamos hablando de tan solo 6 por año de ejercicio. Con esto ya tendría los 30 puntos del Criterio 1 del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares (PCAP).

Según la página web de DIALNET, que es la mayor hemeroteca de artículos científicos hispanos en Internet, Pérez tiene publicados 9 artículos en revistas, 5 colaboraciones en obras colectivas y 6 libros. Con estos números conseguiría también los 30 puntos del Criterio 2 del PCAP.

La licitación para la defensa del caso Aqualia contiene requisitos que "hacen pensar que pudiera estar dirigida"
Captura de la página web de Dialnet

Pérez también ha sido profesor asociado en el área de derecho administrativo en la Universidad Politécnica de Cartagena, y con la investigadora, a través de la participación en seminarios e impartición de conferencias, y ha impartido clases de derecho administrativo en la Facultad de Derecho de la Universidad Complutense de Madrid y en la de la Universidad Pontificia de Comillas (ICADE), hechos que le valdrían para la obtención de los 20 puntos del Criterio 5 de la PCAP.

Solo con estos tres criterios ya obtendría 80 puntos de los 100 máximos, a los que habría que sumar los puntos que podría conseguir por la oferta a la baja que pudiera presentar y el porcentaje de descuento sobre los honorarios del probable recurso de casación que pudiera ser presentado, dado que podría descontar parte de los casi 18.000 euros ya cobrados por el inicio de las actuaciones vía el contrato menor adjudicado a dedo por el alcalde de San Javier.

Así las cosas, Salvador Pérez podría estar con gran facilidad entre los 90-100 puntos, lo que haría muy difícil que cualquier otro profesional pudiera igualarle, teniendo muchísimas posibilidades de ser el agraciado con la adjudicación de la licitación.

LasNoticiasRM preguntó a Salvador Pérez si tenía previsto presentarse a la licitación a lo que nos respondió con un “lo estudiaré”, sin dar más detalles.

El pasado 14 de mayo fue publicado en el Portal de Contratación del Sector Público la valoración de las ofertas presentadas, estando el abogado Salvador Pérez Alcaraz a la cabeza de todos empatado en puntos con el despacho Cazorla Abogados.

A la espera de la resolución definitiva del proceso, es muy probable que Pérez resulte el beneficiara de la licitación tal como apuntaban las condiciones tan concretas con que que había sacado la licitación.

El concurso del agua, adjudicado presuntamente de forma irregular a Aqualia, por 247 millones de euros fue suspendido tras la presentación de varios recursos ante el Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales (TACRC).

Dicha decisión se fundamentó por el cuestionamiento de diversos aspectos del proceso, desde presuntas irregularidades en las valoraciones hasta posibles conflictos de interés entre la empresa ganadora, Aqualia, y los entes responsables de la adjudicación, Ingeagua y el Ayuntamiento de San Javier.

Además la Fiscalía de Cartagena investigó las posibles irregularidades relacionadas con el concurso público y la presunta connivencia entre Luengo, FCC Aqualia e Ingeagua.

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