► Pese a las lixiviaciones detectadas, el autor de los informes afirma en todos ellos que el riesgo para el acuífero es muy bajo en contra de un informe del MITECO
► El director de los estudios, en los que PP y VOX se basan para desacreditar al ministerio, dirige otra Cátedra similar pagada por El Pozo
► Tan solo se han analizado 206 explotaciones porcinas de las más de 1400 que hay en la zona
LasNoticiasRM ha tenido acceso a todos los informes encargados por el Gobierno regional para comprobar el estado de balsas de purines presentes en explotaciones porcinas y saber el estado de impermeabilización de las mismas.
El 28 de julio de 2020, el Gobierno de López Miras encargó al Grupo de Investigación, Gestión, Aprovechamiento y Recuperación de Suelos y Aguas (GARSA) de la Universidad de Cartagena dirigido por el catedrático Ángel Faz Cano el Plan de adecuación ambiental de las explotaciones porcinas en la cuenca vertiente al Mar Menor.
Este estudio pretendía conocer el estado de impermeabilización de las balsas de purines de las explotaciones porcinas establecidas en el entorno del la laguna salada dado que el Anexo I de la Ley 3/2020 de recuperación y protección del Mar Menor indicaba que todas las explotaciones ubicadas dentro de las zonas 1 y 2 reflejadas en la norma debían contar con balsas de almacenamiento de purines impermeabilizadas artificialmente y que aquellas explotaciones anteriores a la entrada en vigor de la ley podrían acreditar la impermeabilidad natural de sus almacenamientos de deyecciones ganaderas a través de un estudio del subsuelo.
Decía el ejecutivo de López Miras en el decreto que aprobaba la subvención a la Universidad de Cartagena para desarrollar estos estudios que “la impermeabilización natural o artificial de los sistemas de almacenamiento de las deyecciones ganaderas es un requisito normativo de los decretos sectoriales, en algunas especies ganaderas” y que era “importante avanzar en el conocimiento de dicha problemática y realizar un estudio prospectivo sobre el impacto real de la actividad ganadera”.
La subvención directa ascendió a 196.800 euros y además se adjudicó sin concurrencia competitiva justificando el ejecutivo regional esta decisión en “el interés público” por “la necesidad de contribuir al estudio y conocimiento de la dinámica de producción, almacenamiento, gestión y valorización agronómica de los subproductos originados en la producción porcina del ámbito territorial del Decreto-Ley 2/2019, de 26 de diciembre”.
En otras palabras, lo que debían certificar los propios responsables de las explotaciones ganaderas, entidades privadas con ánimo de lucro, lo pagó el Gobierno de López Miras con el dinero del millón y medio de habitantes de la Región de Murcia y lo adjudicó a dedo.
El MITECO alertó del riesgo provocado por la lixiviación de purines
En marzo de 2019, el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO) publicaba un informe titulado Análisis de soluciones para el vertido cero al Mar Menor proveniente del Campo de Cartagena, donde se alertaba del crecimiento explosivo de macro-granjas y la contaminación de aguas por los vertidos de purines procedentes de la ganadería porcina.
El documento hacía hincapié en la “alta concentración” de cerdos –casi 680.000 cabezas (datos del año 2019) “en pocos municipios”–. Esto viene acompañado de la problemática sobre su tratamiento de residuos, su almacenaje y la dispersión sobre parcelas agrarias: “Está asociada a presiones derivadas del manejo de residuos ganaderos en explotación (filtración y desbordamiento de balsas) y a los derivados de la gestión de purines en agricultura (superficie agraria asociada a explotación, transporte, manejo y tratamiento del estercolado)”, se explicaba en el citado informe.
En términos ambientales, los purines están considerados como el principal problema derivado de las explotaciones intensivas de porcino. Según una investigación de la Fundación Nueva Cultura del Agua y el MITECO, en estas macrogranjas se producen alrededor de 2 metros cúbicos de purines por cerdo al año, cuya concentración de nitrógeno es 40 veces superior a la de las aguas residuales.
Entre sus principales impactos se incluye la contaminación por nitratos de los acuíferos y de las aguas superficiales por materia orgánica y amoníaco, y las emisiones de metano, amoníaco y gases nitrosos. Como consecuencias principales de esto se encuentra la visible degradación del ecosistema y la contaminación de agua potable a la que pueden acceder los vecinos de la zona.
Los informes pagados por la CARM dicen que el riesgo es “muy bajo”
Los resultados de los 202 informes realizados por el GARSA dirigido por Faz Cano afirman que “el riesgo para el acuífero muy bajo” aunque resulta llamativo que en todos ellos añade que según “el análisis de los resultados obtenidos, recomienda realizar un control anual de lixiviados”. Algo así como “oiga, su balsa no está bien impermeabilizada pero no vierte mucho por lo que mejor revísela usted de vez en cuando por si acaso”.
Estos informes chocan de frente con lo que decían los realizados por el MITECO que según afirmaba la la Consejería de Agua, Agricultura, Ganadería, Pesca y Medio “no responden a la realidad de la zona, es decir, a la verdad”.
El director de los estudios dirige otra Cátedra pagada por El Pozo
Las suspicacias saltan una vez que descubrimos que Faz Cano, director del GARSA y firmante de todos los informes que afirman que la afectación para el acuífero es muy baja, es también el director de otra cátedra llamada “Gestión Medioambiental Sostenible de la Producción Porcina” y está financiada por CEFUSA.
Debemos recordar que Cefusa forma parte del Grupo Fuertes y es la principal suministradora de ganado porcino y vacuno a El Pozo Alimentación.
El posible conflicto de intereses parece más que evidente pese a ello Faz Cano afirma ser un “investigador” cuyos principios le obligan “a seguir siempre” en su “línea recta”, sin perder la imparcialidad.
Tan solo 206 explotaciones analizadas de más de 1400 que hay en la zona
Otro de los detalles que nos ha llamado poderosamente la atención es el bajo número de balsas de purines analizadas en relación al total que hay afectadas por la Ley de Recuperación del Mar Menor que incluye los municipios de Murcia, Alhama de Murcia, Totana, Fuente Álamo, Cartagena, San Javier, San Pedro del Pinatar, Los Alcázares y La Unión.
En la actualidad existen casi dos mil explotaciones porcinas en la Región de Murcia, de las que más de 1400 se encuentran afectadas por las medidas para la protección y recuperación del Mar Menor por lo que tan solo el 14,7% de las granjas de cerdos habrían sido estudiadas.
Todas las balsas estudiadas presentan lixiviados
Sea como fuere, una de las conclusiones claras de los 206 informes realizados por el GARSA es que todas las balsas de purines analizadas en las explotaciones porcinas presentan lixiviados que se filtran al subsuelo variando en cada caso la profundidad a la que se detectan el alcance de los mismos.
Por ello, basándonos en esta información parece que no es aventurado afirmar que todas las balsas de purines que no tienen un impermeabilización artificial podrían suponer un riesgo importante para el Mar Menor, pese a la opinión del redactor de los informes que califica estos vertidos como moderados, y con una afectación muy baja para el acuífero.
Nueva subvención por más de 293.000 a final del año pasado
El 2 de diciembre del pasado año, el Gobierno regional volvió a adjudicar de forma directa otra subvención al mismo catedrático de la Universidad de Cartagena, esta vez con el objeto del “Diagnóstico
de la Calidad de los Suelos Agrícolas del Campo de Cartagena: uso y manejo sostenible para su conservación y pautas para su recuperación” por valor de 293.035 euros.
En total, el mismo catedrático y grupo de investigación han recibido 491.635 euros de dinero público en los últimos 3 años para afirmar lo contrario a lo indicado por los informes del MITECO.
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