► Desde el año 2020 la empresa ha recibido a través de subvenciones directas más de 57.000 euros de fondos públicos concedidos por la Consejería de Agua, Agricultura, Ganadería y Pesca
► La Fiscalía ha pedido siete años de cárcel para cada uno de los administradores de la empresa Finca Cortina SL por delitos contra el medio ambiente y además el Estado les reclama una indemnización de 500.000 euros por responsabilidad ambiental
La segunda fase del denominado ‘Caso Topillo’ sigue su curso y por ello los administradores de la empresa Finca Cortina SL tendrán que sentarse en el banquillo de los acusados, donde la Fiscalía ha pedido siete años de prisión para cada uno de los dos hermanos que regentaban la mercantil.
J.M.M. y J.L.M.M. tendrán que responder por las averiguaciones realizadas por el Seprona de la Guardia Civil que detectó una desalobradora ilegal en su propiedad de la que según las investigación judicial se habrían desalado entre 2015 y 2020 “como mínimo 638.538 metros cúbicos de agua subterránea” produciendo “un vertido de rechazo de al menos 159.634 metros cúbicos” que fueron arrojados al medio natural sin control.
La Fiscalía ha pedido siete años de cárcel para cada uno de los administradores de la empresa por delitos contra el medio ambiente y además el Estado les reclama una indemnización de 500.000 euros por responsabilidad ambiental.
Empresa subvencionada por el Gobierno regional
Según se recoge en la Base de Datos Nacional de Subvenciones, el Gobierno de López Miras ha estado subvencionando a esta empresa en los últimos años, hasta alcanzar los 57.653,25 euros de dinero público recibido.
Concretamente la Consejería de Agua, Agricultura, Ganadería y Pesca era la responsable del pago de las citadas subvenciones, aún cuando a la empresa ya se la había detectado la desalobradora ilegal y estaba siendo investigada por graves delitos medioambientales.
Caso Topillo
En 2017, el por aquel entonces fiscal de la Región de Murcia de Medio Ambiente y Urbanismo y actual fiscal jefe, José Luis Díaz Manzanera, denunció los vertidos contaminantes por el uso de determinadas desalobradoras no autorizadas para actividades agrícolas en el Campo de Cartagena entre los años 2012 y 2017.
Según el escrito de acusación de la Fiscalía a las empresas se les acusa de los delitos contra los Recursos Naturales y el Medio Ambiente tipificados en los artículos: 325.2 (relativo a conductas que pudieran perjudicar gravemente el equilibrio de los sistemas naturales. También recoge si se hubiera creado un riesgo de grave perjuicio para la salud de las persona), 327 (Que la industria o actividad funcione clandestinamente, sin haber obtenido la preceptiva autorización o aprobación administrativa de sus instalaciones. Que se hayan desobedecido las órdenes expresas de la autoridad administrativa de corrección o suspensión de las actividades tipificadas en el artículo anterior. Que se haya falseado u ocultado información sobre los aspectos ambientales de la misma. Que se haya obstaculizado la actividad inspectora de la Administración. Que se haya producido un riesgo de deterioro irreversible o catastrófico. Que se produzca una extracción ilegal de aguas en período de restricciones.).
En algunos casos pide la aplicación del artículo 331 del Código Penal (Los hechos previstos en este capítulo serán sancionados, en su caso, con la pena inferior en grado, en sus respectivos supuestos, cuando se hayan cometido por imprudencia grave).
Para la mayoría también pide la aplicación del artículo 28 (Son autores quienes realizan el hecho por sí solos, conjuntamente o por medio de otro del que se sirven como instrumento. También serán considerados autores: Los que inducen directamente a otro u otros a ejecutarlo).
División en dos piezas: la parte política por un lado y la mercantil por otro
En enero de 2023 la Audiencia de Murcia decidió dividir en dos la pieza principal del caso Topillo por la degradación del Mar Menor.
Por un lado lado la parte política del caso donde aparecen los nombres más mediáticos como son algunos de los principales responsables de las administraciones en aquella época: Antonio Cerdá (consejero de Agricultura), y Manuel Aldeguer (Comisario de Aguas de la CHS).
Por otro lado las empresas acusadas de vertidos ilegales a través de desalobradoras ilegales encontradas en sus fincas donde figuran importantes empresas como GS Spain, Pozo Camachos, Ciky Oro o El Montes y Los Triviños.
A su vez, esta segunda pieza se dividió en 39 procedimiento para el enjuiciamiento independiente de cada uno de los ilícitos penales investigados, individualizando los vertidos de salmuera al Mar Menor procedentes de las de las diferentes desalobradoras con las que presuntamente se abastecían las explotaciones agrícolas.
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