La Policía constata irregularidades de Yolanda Muñoz en su gestión al frente de la Autoridad Portuaria de Cartagena

Las sospechas fundadas que tenía el fiscal especial anticorrupción Juan Pablo Lozano parecen confirmarse a tenor del informe realizado por el Grupo II de Delincuencia Económica y Tecnológica de la Brigada Policial Judicial de Cartagena, fechado el pasado 18 de enero y que ha tenido entrada en el juzgado en el día de hoy.

Según se puede leer en el documento, al que ha tenido acceso LasNoticiasRM, “en el presente Oficio se aportan los resultados obtenidos del estudio y análisis de los archivos y correos electrónicos obtenidos durante la práctica de la diligencia judicial de acceso a los sistemas informáticos de la Autoridad Portuaria de Cartagena (APC) acordada por ese Juzgado”.

La Policía, de los 17 hechos que están siendo investigados en relación a la denuncia presentada por la Fiscalía en relación a presuntas irregularidades en contratos y que abarcaban presuntos delitos de de prevaricación, falsedad documental, tráfico de influencias y revelación de secretos, tras analizar el contenido de los sistemas informáticos de la Autoridad Portuaria de Cartagena (APC), encuentra hechos relevantes en al menos nueve de ellos.

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A juicio de la Policía se fraccionaron contratos evitando que tuvieran que salir a licitación, evitando así la libre concurrencia y adjudicación de los mismo, beneficiando de esta manera a la empresa de la Directora Departamento Innovación.

El informe indica que “la propia APC tanto en la memoria de aprobación como en el presupuesto lo contemplaba en un único proyecto de dos etapas. En la memoria del contrato PET15-0156, se establecieron dos etapas para el mismo proyecto: ETAPA IDIAGNOSTICO y ETAPA II-DESARROLLO. Finalmente, fueron separadas las dos etapas originando dos contratos PET15-0156 (consultoría) y PET16-0203 (desarrollo)”

La Policía constata irregularidades de Yolanda Muñoz en su gestión al frente de la Autoridad Portuaria de Cartagena
Extracto informe de la Policía

“Además, respecto del segundo se grabó la necesidad y la validación un año después del anterior, por el mismo importe (11.700€ sin IVA), lo que evidencia que era el mismo proyecto/contrato, en dos fases, pero que fue fragmentado”, se indica en el documento.

En total, “la APC pagó por ambos contratos 23.400€ sin IVA lo que hubiera debido ser tramitado mediante el procedimiento propio de los contratos mayores de suministros o de servicios (> 18.000€ según la Ley Contratos Sector Público 30/2007, vigente en aquel momento)“.

En relación al contrato para la “Asistencia Técnica par ala puesta en marcha de un sistema de gestión de la creatividad e innovación para mejora de la eficiencia y competitividad en el Puerto de Cartagena” los agentes constatan que no se han encontrado “ningún documento justificativo o memoria del gasto por parte de la APC, únicamente, uno, escueto, de la propia empresa que resulta posteriormente adjudicataria del contrato”.

La Policía constata irregularidades de Yolanda Muñoz en su gestión al frente de la Autoridad Portuaria de Cartagena
Extracto informe de la Policía

Tampoco se encuentra este contrato “validado por ningún usuario de la APC, ni fecha de validación lo que resulta irregular en cualquier expediente de contratación”, además de que el contrato debería haberse tramitado como mayor de servicios y no como menor como finalmente se hizo.

Este contrato tenía como objetivo la creación de la Oficina de Proyectos para el Plan de Digitalización de la APC. y fue adjudicado a la empresa Sopra Steria por 1,25 millones de euros.

Según el informe “del análisis de los correos se extrae que desde la concepción del proyecto está presente la mercantil Sopra Steria que es quien elabora y remite a P.E.G. de la APC tanto el “Pliego de Prescripciones Técnicas” (PPT) como el “Pliego de Condiciones Administrativas” (PCA)”.

“En concreto, la persona que aparece en los metadatos como autor de los pliegos es F.C.F., que posteriormente, tras la adjudicación, fue designado como director de la “Oficina Técnica” proyectada y objeto principal del contrato investigado. También, es significativo que en una presentación de Power Point de la APC para exponer el proceso de creación de la Oficina, figura como autor, según los metadatos, otra vez, F.C.F. y se observa que detrás del logo de la APC se encuentra el logo de Sopra Steria que finalmente salió adjudicada en este contrato mayor”, afirma el documento.

“Por tanto, se constata que Sopra Steria elabora los pliegos y es la que resulta adjudicada por la APC, en un contrato mayor, por valor de 1.250.000€. Y no solo redactó los pliegos del contrato, sino que además fue la que planteó, tras una auditoría, la necesidad de creación por parte de la APC de una Oficina para dirigir y supervisar el proyecto de digitalización, lo que suponía la ejecución de varios proyectos que fueron, también, propuestos y efectivamente ejecutados por la propia Sopra”, confirman.

Según los correos electrónicos que encontraron los agentes de la Policía Nacional se desprende que “la Presidenta de la APC ordenó, de forma expresa, que se incluyera en las Bases de la convocatoria la posesión de un máster o posgrado en ámbito ferroviario, exigencia que no se venía realizando en anteriores convocatorias. Resultando que el candidato escogido era el único que lo tenía“.

Debemos recordar que la persona que finalmente fue contratada resultó ser el hermano del exalcalde de Almería, Ramón Fernández-Pacheco Monterreal, que actualmente es el portavoz del Gobierno de la Junta de Andalucía y consejero de Sostenibilidad, Medio Ambiente y Economía Azul.

El informe destaca que se encontraron “se aportan los archivos de los informes de valoración de la “Prueba Situacional y Entrevista y Dinámica de Grupos”, realizada por Barraise SL en los que Borja Fernández-Pacheco Monterreal aparece como APTO pese a no haber superado la puntuación mínima exigida en las Bases“.

Las actividades culturales de la semana ‘Vive tu Puerto’ “se desarrollaron entre el 29 de septiembre de 2021 y el 13 de octubre de 2021, sin procedimiento de contratación alguno” asegura el informe.

La Policía constata irregularidades de Yolanda Muñoz en su gestión al frente de la Autoridad Portuaria de Cartagena
Extracto informe judicial

Además constata que “como ya en agosto (2021) se estaba negociando la contratación de esa Semana Cultural que tenía un coste superior a lo fijado por la ley para un contrato menor (15.000€). Aun así, no se anuncia la licitación hasta el día 04/10/2021”.

De este asunto concreto ya fueron conocido unos audios donde la presidenta de la Autoridad Portuaria, Yolanda Muñoz decía que “sobre los contratos de la Policía, la instrucción mía la tenéis clara también para la hija de Agustín. O Agustín cambia de actitud o no tengo porque tenerla, tengo a otro. Es que no quiero, tiene que venir aquí a pedirlo de rodillas”.

En el informe la Policía afirma que “la Presidenta denegó la contratación de la persona que figuraba en primera lugar en la bolsa de trabajo de la Policía Portuaria de la APC, M.G.V., por ser hija de un miembro del Comité de Empresa“.

“Esta postura de la Presidenta se constata en los correos intervenidos en la APC en los que expresa su descontento por los informes jurídicos presentados por el Departamento de RRHH no alineados con su criterio de no contratarla. Así mismo, se pone de relevancia la paralización deliberada de esa contratación por parte de la Presidenta y su interés por justificar la no contratación de M.G.V.”, se explica.

Hace menos de 20 días la nueva titular del juzgado, Consuelo Andreo, quien asumió la instrucción realizada desde enero de 2023 por Virginia Urrea, reactivó el caso realizando una nueva ronda de citaciones. Fijó para abril tres declaraciones de testigos pendientes.

En una providencia dictada el pasado 3 de enero, Andreo fija para el 8 de abril las comparencias de E. L. N., jefa de División de Relaciones Institucionales y de Comunicación del Puerto, y de J. M. V. S., representante de la empresa Informática Tecnológica y Empresarial Slut (IT4); y para el día 9 de J. A. S. R., jefe de Departamento de Sistemas de la Autoridad Portuaria.

Además todo apunta a que la jueza atenderá la solicitud del fiscal especial anticorrupción de la Región de Murcia, Juan Pablo Lozano, para declarar compleja la causa y así poder prorrogar las pesquisas.

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