El Grupo Parlamentario Socialista ha presentado una moción sobre la necesidad de invertir más y mejor en política social, y en concreto, para el inicio de estos programas esenciales que benefician a 3.500 personas en riesgo de exclusión social: “Si los programas estuvieran garantizados, tal y como dijo la consejera, hoy no estarían paralizados”, ha subrayado la diputada, Toñi Abenza
La diputada y secretaria de Servicios Sociales del PSOE en la Región de Murcia, Toñi Abenza, ha sido la encargada en defender esta moción que pretende que se establezcan garantías y fondos para iniciar los programas de empleabilidad en la Región de Murcia.
“Se trata de un recurso especializado que beneficia a 3.500 personas en riesgo de exclusión social y les ayuda a mejorar su empleabilidad. Estos programas son esenciales en una Región en la que uno de cada tres habitantes se encuentra en situación de pobreza. Y, sin embargo, López Miras y la consejera Isabel Franco les dieron la espalda. Es más, el presidente nunca recibió a las entidades para abordar el problema e incluso, la consejera de Política Social llegó a culpabilizar a las propias entidades de la situación”, ha explicado.
Abenza ha destacado que “la consejera dijo la semana pasada que sí que estaban garantizados estos programas de empleabilidad, pero, si así fuera, no estarían paralizados hoy tras 16 años de servicios ininterrumpidos”.
“El propio gobierno justifica este parón, este recorte, su nula planificación durante toda la legislatura, asumiendo indirectamente su fracaso en la gestión social y que desde el PSOE estamos denunciando desde el principio de esta legislatura”, ha añadido.
Por último, Toñi Abenza ha insistido en que “de nada sirven los golpes en el pecho que se dan cada 17 de octubre si en mociones como esta, que no piden otra cosa que más y mejor inversión en política social, no se cumplen. Si cuando tienen la oportunidad de crear empleo con los programas, lo paralizan en 33 municipios en lugar de adelantar con fondos propios el 40 % del programa. O al menos los 900.000 euros correspondientes al último trimestre de 2022 para que los trabajadores puedan continuar prestando el servicio”.
