Comunicado ATIM relacionado con el Real Decreto 629/2022
Desde la Asociación de Trabajadores Inmigrante Marroquíes (ATIM), saludamos con entusiasmo el Real Decreto 629/2022, de 26 de julio, porque celebramos cualquier normativa tendente a la regularización de inmigrantes en “situación administrativa irregular”, porque entendemos que ese proceso de normalización es un requisito de justicia, porque es una forma de reducir la esclavitud sobrevenida de la legislación laboral del siglo XX. Esa legislación que obliga a los trabajadores y trabajadoras inmigrantes a entrar en España de forma ilegal y estar un mínimo de dos años en una situación de total indefensión laboral, sin derecho a un trabajo digno ni en lo relativo a las condiciones en que se desarrolla ni en el salario, viviendo de la solidaridad o aceptando empleos al precio que estime más oportuno el explotador de turno.
Por eso, aunque saludemos con entusiasmo esta reforma, no podemos estar satisfechos porque es a todas luces insuficiente, absolutamente insuficiente. Y lo es, porque no resuelve el problema de la semiesclavitud, ni el de la explotación, ni el de la clandestinidad, porque se olvida de regularizar a los y las menores, que son la tercera parte de las personas en situación irregular y, seguramente, el segmento más indefenso y vulnerable de la inmigración, porque no evita la existencia de mafias que trafican con personas, ni las muertes en el mar tratando de llegar a nuestras fronteras, ni la violencia en las vallas de Ceuta y Melilla, ni castiga las irregularidades policiales como las del Tarajal o Melilla, ni se preocupa del respeto de los derechos humanos en frontera o en los CIES, porque sigue dejando en la más absoluta indefensión a todas las personas migrantes (solicitantes o no de asilo) que quedan fuera del amparo del real decreto. Por eso desde ATIM seguiremos apostando por la iniciativa del movimiento estatal Regularización Ya y seguiremos recogiendo firmas para poder llevar a buen término la Iniciativa Legislativa Popular que promueven.
El siglo XIX prohibió la esclavitud porque era un atentado contra la dignidad humana, una lacra que una sociedad civilizada no podía permitirse. Se priorizó la dignidad humana a la economía. Hoy, si aplicáramos ese mismo criterio de respeto a la dignidad humana, deberían ser perseguidos por esclavistas todos los que favorecen el trabajo en condiciones labores infrahumanas y sancionados todos esos mandatarios que permiten -sí, que permiten, porque no evitar algo es permitir que suceda- que miles de personas mueran cada año tratando de alcanzar las fronteras de occidente. Ese mismo respeto a la dignidad humana debería hacer intolerable la existencia de trabajadores y trabajadoras en situación ilegal o discriminatoria con respecto a la mano de obra autóctona, y le resultaría intolerable las condiciones de vida que les ofrecen sus contratadores, la quema de viviendas, el acoso social o las condiciones de insalubridad en las que tienen que desarrollar algunos de sus trabajos.
No podemos olvidar, y menos obviar, que la inmigración es una necesidad compartida. Ningún ser humano es ilegal, puede ser ilegal la situación administrativa en la que se encuentra, pero esa situación viene derivada de leyes injustas o, cuando menos, nada respetuosas con los derechos humanos, susceptibles por tanto de ser modificadas. No hacerlo, y las consecuencias derivadas de ello, son responsabilidad del gobierno español, como es responsabilidad de las autoridades de los países de origen jugar con la vida y la esperanza de sus ciudadanos y usarlas como moneda de cambio en frontera. Ayer fue Marruecos y la presión migratoria sirvió a sus intereses políticos. Argelia, ha aprendido la lección y ha hecho un corta y pega de aquello enviando a cientos de argelinos a Cartagena sin importarle a sus ciudadanos que sean menores, adultos o ancianos. Ante su fracaso para dar soluciones a sus ciudadanos en el terreno laboral, de la educación, la sanidad, etc, el Gobierno argelino opta por abrirles las puertas para que se embarquen en un viaje quizás sin retorno. Estas actitudes ruines resultan inadmisibles y por eso, desde ATIM las rechazamos y condenamos.
Pero todo ello no justifica las medidas tomadas por el gobierno español hacinándolos en un hangar, con ratas y basura, sin agua corriente, con unos pocos baños químicos como única respuesta a las sus necesidades biológicas, sometidos a temperaturas de más de 400. Tal ha sido el despropósito que ha llevado a Asociación Unificada de Guardias Civiles a elevar una queja y al colegio de abogados de Cartagena, a presentar una protesta oficial por las condiciones en las que han sido obligados a trabajar los abogados de oficio -que son las mismas a las que han sido sometidos los y las argelinos- y por la falta de garantías legales que esa situación provoca. Convivir sin racismo ha interpuesto una denuncia ante el Defensor del Pueblo y la Fiscalía de Menores por las condiciones infrahumanas a las que están sometidos los jóvenes menores de edad.
Mientras no se cambien radicalmente las leyes de contratación y la política de inmigración de la UE, mientras no se modifique el acceso al mundo laboral y se racionalicen las medidas, seguiremos teniendo muertos en el mar, asaltos a las vallas fronterizas, represión, violación de los derechos humanos. La Unión Europea ha demostrado con los refugiados ucranianos que sabe hacerlo, ahora es el momento de demostrar que quiere dar a la emigración una solución seria y justa, respetuosa con la dignidad y los derechos humanos.
