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ANSE ha remitido extensas alegaciones al Plan de Ordenación de los Recursos Mineros que pretende imponer explotaciones mineras en buena parte de la Región de Murcia

El Plan prevé implantar la minería y legalizar frentes de explotación en zonas protegidas, montes públicos y entorno de zonas habitadas

ANSE considera que el Plan es ilegal por invadir competencias municipales y someter los instrumentos de planificación de áreas protegidas, y advierte que acudirá a los Tribunales y autoridades comunitarias para lograr su paralización

El POT no plantea en modo alguno una ordenación del sector, sino más bien una expansión de la minería a toda costa para obtener recursos de escaso valor añadido.

La Asociación de Naturalistas del Sureste ha remitido extensas alegaciones al Plan de Ordenación de los Recursos Mineros de la Región de Murcia. A juicio de la Asociación, y a pesar de su denominación, el Plan no supone en modo alguno una ordenación de la actividad minera, ya que se limita a identificar posibles recursos y a promover su explotación a toda costa, salvo que esté expresamente prohibida. Se trata de una propuesta de máximos que carece de toda lógica y que ha sido concebida para contentar al sector con dos objetivos principales: 1) legalizar las frecuentes irregularidades de muchas explotaciones mineras (consentidas durante años por las Direcciones Generales de Minas y de Medio Natural), 2) promover el establecimiento de nuevas explotaciones mediante la identificación de nuevos recursos potenciales.

El POT no llega a realizar propuesta alguna de reducción, reordenación  de canteras “existentes”, ni de restauración o desafección de zona alguna afectada por la actividad minera (legal o ilegal). El POT hace una continua referencia a la ubicación de los recursos, pero como puede observarse en la cartografía, en la mayor parte son de escaso valor añadido (áridos, roca ornamental) y existen múltiples alternativas de ubicación y otras fuentes alternativas. En ningún caso se plantean explotaciones de elementos estratégicos escasos.

El POT presenta graves carencias que invalidan el trámite

Otra grave carencia del POT es una ausencia de alternativas basada en análisis de demanda y fuentes alternativas de recursos y ubicaciones, por lo que el Plan sería contrario a la legislación de Evaluación Ambiental Estratégica, a la Evaluación de Repercusiones sobre la Red Natura 2000 y a la Estrategia de Economía Circular. Igualmente, ANSE denuncia que las propuestas del POT parten de criterios poco claros que ocultan el proceso de toma de decisiones, pues se catalogan como “existentes” explotaciones activas o no, como “adecuaciones” (eufemismo de legalizaciones) zonas ya explotadas o ampliaciones de zonas no transformadas, y se consideran recursos “potenciales” explotaciones que ya se encuentran en trámite. Por tanto, el POT parece buscar una tramitación paralela enfocada a resolver problemas legales y procedimentales de cada explotación.

El POT supone un grave riesgo para el medio ambiente y la salud de las personas

Según el análisis realizado por las Asociación, las carencias para una adecuada Evaluación Ambiental y de una Evaluación de Repercusiones sobre la Red Natura 2000 invalidan sus conclusiones, ya que se han obviando elementos muy relevantes como fauna y flora protegidas y procesos ecológicos clave como  los corredores ecológicos.  Tampoco se realiza un análisis acumulativo o sinérgico, ni de impactos indirectos o de difusión sobre la Red Natura 2000. Más importante aún resulta el grave riesgo que plantea el POT para la salud y la seguridad de las personas proponiendo  numerosos lugares de extracción próximos a viviendas y núcleos de población relevantes (Mazarrón, El Llano de El Beal, Cehegín, Otos, Calasparra, Abarán, Moratalla, El Sabinar, etc), incluyendo la minería de metales.

EL POT pretende IMPONERSE a la ordenación de los espacios naturales protegidos y al planeamiento urbanístico (invadiendo competencias municipales).

La pretendida imposición se realiza a través de los informes vinculantes previstos en el artículo 202 o al establecer una prevalencia sobre planeamientos urbanísticos municipales (artículo  203, 204 y 205), obligando incluso a cambios en planeamientos aprobados y obligando a los Ayuntamientos a aceptar explotaciones mineras incluso aunque contravengan el planeamiento.

ANSE pide la retirada del Plan Minero y solicita a los Ayuntamientos que se posicionen en contra del mismo.

Por todas las razones anteriores, la Asociación solicitará la retirada inmediata del POT y advierte que en caso de ser aprobado recurrirá a la vía judicial y a las autoridades comunitarias para evitar semejante atentado contra el patrimonio natural, el paisaje y la salud de las personas. Igualmente, pide a todos los Ayuntamientos de la  Región que muestren su oposición al Plan para impedir la invasión de competencias, proteger los Planes de Ordenación Urbana de sus términos municipales y  lo que resulta más importante la salud y la seguridad de sus habitantes.