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El Congreso de los Diputados debate hoy martes la toma en consideración de la Proposición de Ley que modifica el art. 80 de la Ley Orgánica General Penitenciaria, registrada por el PSOE en septiembre de 2020

CCOO apoya la Proposición de Ley que reconoce el carácter de agente de la autoridad al personal penitenciario, que se debate este martes, 22 de marzo, en el Congreso de los Diputados. Espera un respaldo mayoritario a la misma, ya que los principales partidos políticos han manifestado en numerosas ocasiones la justicia de esta reivindicación histórica.

El sindicato entiende que la consideración de agente de la autoridad al personal que trabaja en las prisiones es un avance fundamental, aunque lamenta que lleva esperando más de 5 años a su desarrollo, ya que el Gobierno del Partido Popular se negó a incluirla en el Protocolo específico de actuación frente a las agresiones. Valora positivamente que se apruebe dentro de la normativa específica del ámbito, y no en el marco de la tramitación de la modificación de la Ley de Seguridad Ciudadana, conocida como Ley Mordaza, ya que el personal penitenciario no tiene competencias en materia de seguridad ciudadana ni forma parte de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado. 

CCOO recuerda que el reconocimiento de agente de autoridad va más allá del efecto penal en delitos como el de atentado, consideración que es tenida en cuenta por los Juzgados de lo Penal, y que se admite en el 95 % de los casos en que se denuncia una agresión al personal penitenciario. También incluye entre otros los derechos administrativos, como la constatación como prueba de los documentos formalizados por el personal con este reconocimiento. Esta presunción de veracidad se incorpora al procedimiento disciplinario que existe para la población reclusa. 

Además, y por primera vez, se va a recoger en este texto legal que el Estado se hará cargo de pagar al personal penitenciario las indemnizaciones para compensar los daños personales y materiales sufridos como consecuencia del ejercicio de la profesión, cuando la persona interna responsable sea insolvente. Un derecho sobre el que el Tribunal Supremo fijó doctrina en el año 2020, para que pueda reconocerse el principio de indemnidad a la generalidad del personal público que sufra daños en su trabajo.

Para CCOO es esencial que se extienda esta protección frente a las agresiones al personal laboral que trabaja en contacto directo con la población reclusa, y por eso el sindicato demanda que en esta misma normativa se incluya un apartado reconociendo una condición asimilada a la de agente de la autoridad, como tiene el personal de vigilancia privada, que presta su servicio en régimen de contratado laboral.

La modificación de esta Ley penitenciaria se hará extensible también al personal funcionario de prisiones de las comunidades autónomas de Cataluña y Euskadi, que tienen transferidas las competencias en materia penitenciaria.

Por último, el sindicato reitera que es necesario cumplir el resto de compromisos anunciados en sede parlamentaria por el ministro del Interior y solucionar el conflicto laboral de prisiones. Es urgente acabar con la discriminación salarial que existe en las prisiones del Ministerio del Interior, con 9 salarios distintos para la misma categoría profesional y las mismas funciones, y que se agudiza más por el efecto de una inflación descontrolada que asciende al 7,6 %. CCOO insiste en la necesidad de que se negocie un acuerdo de mejora de las condiciones retributivas para todo el personal penitenciario antes de que finalice la legislatura, y que se financie con presupuesto propio ya que existen sobrantes en partidas presupuestarias como consecuencia del descenso de población reclusa en torno al 30 % y el aumento del presupuesto destinado a las Instituciones Penitenciarias en un 5 %.