Siete de cada diez enfermeras y enfermeros han sido agredidos durante la pandemia del Covid-19

Avance de resultados de la macroencuesta de SATSE sobre agresiones

Cerca de ocho de cada enfermeras y enfermeros considera que ha empeorado el ambiente laboral y la relación con los pacientes en los hospitales, centros de salud y otros centros sanitarios y sociosanitarios a lo largo de los dos últimos años de pandemia.

Un 98 por ciento de las enfermeras y enfermeros consultados por el Sindicato de Enfermería reclama una Ley estatal que luche contra las agresiones físicas y verbales a los profesionales sanitarios de manera conjunta, coordinada y eficaz en el conjunto del Estado.

Siete de cada diez enfermeras y enfermeros de del conjunto del país, también de la Región de Murcia, ha sufrido una agresión física o verbal por parte de pacientes o familiares en los dos últimos años en los que nuestro sistema sanitario ha tenido que hacer frente a la pandemia del Covid-19, mientras que cerca de ocho de cada diez profesionales considera que en este tiempo ha empeorado el ambiente laboral y la relación con los pacientes.

Así se desprende del avance de resultados de la macroencuesta que SATSE ha realizado al conjunto de enfermeras y enfermeros de las diferentes comunidades autónomas para conocer la realidad actual sobre la violencia física (empujones, golpes, puñetazos…) y/o verbal (amenazas, insultos, vejaciones…) que sufren estos profesionales sanitarios a la hora de desarrollar su labor asistencial y de cuidados en los hospitales, centros de salud y otros centros sanitarios y sociosanitarios.

Según SATSE, los primeros resultados, hechos público con motivo del Día Europeo contras las Agresiones a Profesionales sanitarios, son concluyentes al refrendar que las agresiones, tanto físicas como verbales, afectan a una gran mayoría de estos profesionales sanitarios y que, a pesar del reconocimiento social manifestado al inicio de la pandemia del Covid-19, siguen siendo un grave problema que hay que abordar y resolver con urgencia.

El Sindicato de Enfermería subraya que el entendible hartazgo y frustración de la población al constatar el déficit estructural de recursos y medios que tiene la sanidad, y que la pandemia ha empeorado, está propiciando que algunos pacientes y familiares lo estén pagando con unos profesionales que, además de

no ser los responsables de la situación, están haciendo todo lo posible para que no repercuta en la atención y cuidados pese a llevar ya dos años de lucha contra la pandemia.

En concreto, siete de cada diez enfermeras y enfermeros denuncian haber sufrido una agresión física o verbal por parte de pacientes o familiares en los dos últimos años, «una cifra muy preocupante que, sin duda, sitúa a las agresiones como uno de los principales riegos para su salud física, psicológica y emocional a la hora de desarrollar su labor asistencial y de cuidados», recalca.

De igual manera, el 77 por ciento se muestra convencido de que el ambiente laboral y la relación con los pacientes ha empeorado en los últimos tiempos caracterizados por la fuerte sobrecarga y presión asistencial, así como el claro déficit de plantillas enfermeras, en el conjunto de nuestro sistema sanitario.

Ante esta lamentable realidad, la práctica totalidad de enfermeras y enfermeros consultados por SATSE en todo el Estado, un 98 por ciento, se muestran partidarios de aprobar una Ley estatal con la finalidad de crear un marco común de actuación a la hora de evitar las agresiones y actuar de la manera más eficaz y efectiva una vez que se han producido.

Una reivindicación que comparte el Sindicato de Enfermería que ya trasladó antes de la pandemia al conjunto de administraciones públicas y a los partidos políticos una propuesta concreta de Ley estatal que contempla más de 50 medidas y acciones en todos los ámbitos y niveles para luchar contra esta lacra que afecta especialmente a las enfermeras y enfermeros.

Al respecto, la organización sindical rechaza que cada servicio autonómico de salud «vaya por su cuenta» y establezca ciertos protocolos y medidas de manera independiente y descoordinada con el resto de administraciones, lo que lleva a no combatir el problema de manera conjunta, coordinada y eficaz, obteniendo siempre resultados «absolutamente insuficientes y discriminatorios».

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