La presidenta de la Autoridad Portuaria de Cartagena, organismo dependiente del Gobierno de España, cuya presidencia pone a dedo López Miras, entra a jugar a política
Fernando López Miras eligió a un peón disciplinado y leal para colocar al frente de la Autoridad Portuaria de Cartagena, sabedor que la legislatura sería dura ante su nefasta gestión y buscando poder confrontar con el Gobierno de España para tapar sus carencias.
La pérdida del Ayuntamiento de Murcia por parte de los populares supuso un varapalo para la estrategia del Partido Popular que hizo que desviaran toda la atención sobre Cartagena.
Yolanda Muñoz, según pudimos leer hace días en La Verdad, se descolgó amenazando con anular el convenio para el CATE de Cartagena, ese CATE cuya ubicación ella eligió, véase la hemeroteca, y que exigía sin descanso.
Lo que no se entiende es cómo de repente se han olvidado de la apuesta por liberar la zona de Santa Lucía, trasladando la terminal de contenedores a la zona ampliada en la dársena de Escombreras o a los nuevos terrenos vendidos por SEPES a la Autoridad Portuaria de Cartagena.
Con este movimiento se podría crear la gran playa urbana que requiere la ciudad, integrada en la ciudad, con todas las comodidades, dando valor al histórico barrio y aumentando la importancia turística de la ciudad.
La Asociación de Naturalistas del Sureste (ANSE) propuso allá por el 2019 este proyecto que incluso llegó a dibujar.
A todo esto debemos sumar que, como publicamos, Yolanda Muñoz se ha convertido en la mecenas de muchos medios de comunicación y empresas con histórica relación con el Partido Popular, regándolas con ingentes cantidades de dinero público.
Los listados de los contratos menores de los últimos seis meses de 2021 están publicados en la noticia, y en breve se dará cuenta del año completo en un amplio y pormenorizado análisis en este mismo medio, detallando empresas y cantidades, muchas veces rozando el límite legal del contrato menor que hace que pasen sin el control y la fiscalización de las normas de contratación.
Además, ha vivido una semana muy convulsa al personarse la UDEF en las oficinas de la Autoridad Portuaria de Cartagena el pasado jueves para reclamar documentación por una investigación abierta por la Fiscalía general de la Región de Murcia en relación a un supuesto amaño de contratos públicos.
Por si no fuera poco, este medio publicó en el día de ayer la aparición de un contrato menor por valor de casi 18.000 euros, adjudicado a una empresa de comunicación que había sido acusada de difundir ‘bulos xenófobos’ cuyo director fue secretario de comunicación del Partido Popular en Cádiz.
En definitiva, una mujer con una misión: confrontar con el Gobierno de España, cueste lo que cueste y al precio que sea.
A no tardar mucho, Puertos del Estado, debiera llamar al orden a Yolanda Muñoz, que se dedica a anunciar obras en inversiones pagadas íntegramente por el Gobierno de España, con el logo de la Región de Murcia (quien no pone ni un euro en ellas), actuando de manera desleal con quienes debería guardar respeto.
Yolanda Muñoz, imputada por delitos de corrupción
La Fiscalía ha instruido una querella contra Yolanda Muñoz y Antonio Sevilla, presidentes de la Autoridad Portuaria en distintas épocas según adelantó El Confidencial.
