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La ministra de Educación y Formación Profesional, Pilar Alegría, ha comparecido a petición propia en la Comisión de Educación y Formación Profesional del Senado para explicar los objetivos de su departamento para los dos próximos años.

Durante su intervención, ha destacado el trabajo por garantizar la presencialidad en un entorno seguro durante la pandemia, la aprobación y desarrollo de la Ley de Formación Profesional, la reforma de la carrera docente y el desarrollo de los nuevos currículos, entre otras prioridades.

«Tengo la suerte de formar parte del Gobierno de España que más recursos está destinando para hacer una educación mejor, más justa y de más calidad», ha señalado la ministra al inicio de su comparecencia, antes de detallar las principales líneas de trabajo de su Ministerio.

Entre estos se encuentran el trabajo con las comunidades autónomas y las autoridades sanitarias para que las escuelas puedan desarrollar su actividad en las condiciones de mayor normalidad posible mientras dure la pandemia; desarrollar la nueva Ley Orgánica de Formación Profesional y el Plan de Modernización; culminar el desarrollo normativo del nuevo currículo; reformar y reforzar la formación y carrera profesional del profesorado; y completar el proceso de creación de 66.000 plazas públicas de educación infantil de 0 a 3 años.

El Ministerio también impulsará una nueva regulación de las enseñanzas artísticas y seguirá avanzando en el proceso de digitalización del sistema educativo. Por último, con carácter transversal a todas estas acciones, el Ministerio se fija como objetivo la ejecución con la mayor eficacia y diligencia de los proyectos que le corresponden dentro del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia que financia la Unión Europea.

Aulas seguras

Alegría ha señalado que, con el esfuerzo de toda la comunidad educativa y el respaldo financiero del Gobierno, las escuelas se han mantenido abiertas y han garantizado el derecho a la educación en un entorno seguro a todos los niños y niñas.

En este sentido, ha recordado que la inversión sin precedentes en educación en España en los últimos años bajo este Gobierno está permitiendo mitigar los efectos negativos de la pandemia. En el año 2000, el Gobierno distribuyó 2.000 millones del fondo COVID a las comunidades autónomas para educación. En 2021, se aprobaron 13.500 millones de dotación adicional para reforzar los servicios públicos, entre ellos la educación. En 2022, los Presupuestos Generales del Estado prevén una nueva partida de 7.000 millones para combatir los efectos de la pandemia.

Ley de Formación Profesional

La aprobación de la Ley Orgánica de Ordenación e Integración de Formación Profesional, que se encuentra actualmente en el Senado, es otra las prioridades del Ministerio. Alegría ha manifestado su voluntad de ampliar el consenso logrado en el Congreso, donde el texto fue aprobado en diciembre con el voto a favor o la abstención de todas las fuerzas políticas, salvo el Partido Popular.

«Seguimos tendiendo la mano a todos los grupos parlamentarios, y en especial al Partido Popular, para tratar que la ley salga del Senado incluso con más apoyos todavía de los logrados en el Congreso», ha señalado. «Es lo que nuestro país espera. Lo que las empresas necesitan. Y es, sobre todo, lo que nuestros jóvenes se merecen».

La transformación de la Formación Profesional, ha recordado, no se limita a actualizar unas enseñanzas del sistema educativo, sino que está llamada a ser un pilar determinante para la sostenibilidad y el crecimiento económico del país, y para el bienestar social de cada uno de los ciudadanos.

«Nunca entre el mundo empresarial se han generado tantas expectativas y el convencimiento de que la FP es una pieza indispensable para contar con un modelo productivo que intensifique los procesos de creación de valor y de empleo de calidad», ha indicado.

La memoria económica del proyecto de ley contempla hasta el año 2025 una inversión de 5.474 millones de euros, de los que 1.546 provendrán de los fondos europeos. Al término del periodo de implantación de la ley, está prevista la posibilidad de una financiación adicional proveniente de fondos europeos como el FEDER o el Fondo Social Europeo, lo que garantizará la consolidación definitiva del nuevo modelo de Formación Profesional.

Reforma curricular

Otro objetivo del Ministerio es el desarrollo del nuevo currículo, un deber que nace de la ley de Educación, LOMLOE, aprobada hace un año, y que responde a la necesidad expresada por los expertos de preparar nuestro sistema educativo a las nuevas formas de aprender en una sociedad en la que han cambiado radicalmente las vías de acceso al conocimiento.

El nuevo currículo está pensado, ha explicado la ministra, para favorecer las metodologías innovadoras, el trabajo colaborativo del profesorado y la necesaria flexibilidad y autonomía de los centros. Se trata de un currículo más competencial, aplicado, práctico, adaptado a situaciones de aprendizaje reales, basado en aprendizajes más profundos, que en ningún caso supone reducir la calidad de nuestro sistema educativo, ha insistido.

«Nuestros niños y nuestras niñas, nuestros jóvenes, no van a aprender menos ni a esforzarse menos con el nuevo currículo, pero sí necesitan aprender de forma diferente. No podemos quedarnos anclados en cómo fuimos educados en un pasado que, por otra parte, ningún dato permite sostener que fuera mejor, tampoco desde el punto de vista educativo», ha dicho.

Formación y carrera docente

Otro compromiso del Ministerio es la reforma de la carrera docente. Se ha convocado para las próximas fechas la mesa de negociación con los sindicatos y la Comisión General de Educación con las comunidades autónomas para comenzar a abordar de manera integral el modelo de formación y de desarrollo profesional docente que hoy necesita el profesorado, ha anunciado Pilar Alegría.

Se trata de una reforma educativa sustancial y delicada que no se ha abordado desde hace cuatro décadas, pero que es hoy más necesaria que nunca, ha señalado la ministra. Dada la complejidad de la profesión docente, la propuesta del Ministerio no se reducirá a una norma única, sino que se configurará con un conjunto de ellas.

Educación infantil

Por otra parte, la ministra ha abordado la creación de plazas públicas de educación infantil de 0 a 3 años. España es el quinto país de la Unión Europea con mayor nivel de escolarización entre los 3 años y el inicio de la Primaria, con una tasa del 97,3%, cuatro puntos y medio por encima de la media europea. Sin embargo, en la etapa de 0 a 3 años, la tasa de escolarización es del 38,2%, con un fuerte aumento en la última década y grandes desigualdades entre las diferentes comunidades autónomas, con diferencias de más de 35 puntos.

También se da una gran desigualdad en la tasa de escolarización según la renta familiar (26,3% en las familias de menos renta frente a 63,5% en las rentas más altas). La principal razón para no escolarizar a niñas y niños antes de los 4 años es el no poder asumir el gasto que conlleva, según dicen más de la mitad de las familias (el 52,4%).

El Gobierno ha aprobado el pasado mes de noviembre una inversión de 670 millones de euros para la creación de 65.382 plazas públicas y gratuitas, procedentes del mecanismo de Recuperación y Resiliencia. Esta es, ha señalado la ministra, una medida de gran impacto social. Facilitará a las familias la escolarización de sus hijos desde la primera infancia, aliviará la economía de muchas parejas y de familias monoparentales y les permitirá reincorporarse antes a la vida laboral activa.

Es también una medida de gran impacto educativo, ha añadido la ministra. En este sentido, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) señala que los alumnos de quince años que asistieron a educación infantil tienen mejores resultados en el estudio PISA que aquellos que no lo hicieron, incluso aunque provengan de entornos socioeconómicos desfavorables.

Equidad y excelencia del sistema educativo

Por último, la ministra ha recalcado que es un error contraponer calidad o excelencia frente a la equidad, dado que una educación que no logre cotas relevantes de equidad nunca será una educación de calidad. «Uno de los signos de los tiempos que vivimos es que en muchos países se ha ralentizado o detenido el llamado ascensor social», ha dicho.

«Esto es lo que persigue la reforma educativa que tenemos en marcha, aumentar simultáneamente la calidad y la equidad. No podemos aspirar a menos», ha añadido.

Para ello, además de reformas en contenidos y metodologías, hacen falta sobre todo recursos económicos, ha recordado. En el año actual, el presupuesto del Ministerio supera por primera vez los 6.000 millones de euros, hasta los 6.036 millones. Si se descuentan los fondos europeos y el presupuesto de Formación para el Empleo, para poder comparar exclusivamente los programas de Educación y FP, el Presupuesto de 2022 es más alto que el de 2021 y un 34% más elevado que el de 2018.

Este esfuerzo presupuestario ha permitido, entre otras medidas, aumentar la inversión destinada a las becas, una de las principales herramientas en política de equidad. En concreto, los recursos dedicados a becas se han incrementado un 44% en cuatro años: de 1.493 millones en 2017 a 2.149 millones en 2022. Esto hará posible que 986.000 estudiantes se beneficien de una beca en la actual convocatoria, unos 200.000 más que hace cuatro años.